Morelia, Mich., julio 06 de 2011.- A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan Carlos Campos Ponce Iniciativa que reforma el Titulo Primero de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo con la finalidad de establecer un catálogo de derechos fundamentales que permita acrecentar los derechos de los ciudadanos michoacanos así como establecer límites a los Poderes del Estado, de ganarle derechos al Estado.
En la exposición de motivos, el diputado señaló que los derechos fundamentales constituyen una constante histórica y teórica en todas las latitudes y marcan un horizonte social y temporal, dado los profundos alcances de su poder transformador con la sociedad.
“El desarrollo del pensamiento constitucional de los derechos fundamentales, debe partir de reconocer las necesidades históricas de libertad y justicia de cada realidad, como fuente de objetivos a realizar; pero no de manera abstracta e intemporal, sino como necesidades concretas y particulares de los hombres y las sociedades, en tanto constituyen la base de todo Estado constitucional y democrático, en su forma avanzada o tradicional”, precisó.
El Vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI expresó que actualmente la Constitución del Estado no contiene un catálogo de derechos fundamentales para los ciudadanos, la cual es una exigencia de varios investigadores, de académicos que han estado en este Congreso en foros convocados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la actual Legislatura.
“Esta reforma constitucional propone un mínimo de derechos, que consideramos deben estar en nuestra Constitución estatal, sobre todo el relativo a la seguridad social, que parece replicar a la Federal, pero que no lo es, pues esta parte, de la realidad concreta de recocer la seguridad social a los policías, que no le es reconocida en la Constitución federal, pero que sin embargo, ésta, se encuentra recocida en tratados internacionales”, advirtió.
Juan Carlos Ponce destacó que la iniciativa va más allá, pues nos alcanza la realidad de las familias de policías que han quedado en el desamparo, “pues no cuentan muchos policías municipales, sus familiares con pensión en caso de fallecimiento, es decir, nuevamente el lacerante problema de inseguridad, nos alcanza, pues como legisladores no le brindamos la seguridad personal a nuestros policías, a los que de alguna manera se encuentran en la primera línea de combate contra los delincuentes que azotan a la ciudadanía michoacana”.
En la iniciativa también se establecen los derechos procesales a que todo ciudadano tiene derecho, a los derechos políticos que el Estado debe garantizar a los ciudadanos michoacanos y a los derechos individuales consagrados para la persona y a los derechos humanos consagrados de manera colectiva.
“No estamos hablando de una reforma menor, ni de una cuestión colateral de nuestro ordenamiento jurídico, sino de la columna vertebral de la configuración de un Estado democrático de Derecho, del catálogo de derechos fundamentales que todas las sociedades abiertas han tenido y siguen teniendo reconocidos, donde lo que está en juego es la seguridad de las personas”, finalizó.
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